Reza un conocido refrán de la sabiduría popular mexicana “En tiempo de vacas gordas guarda, porque sigue el tiempo de vacas flacas”, claro, con sus respectivas variantes, pero la expresión se refiere a un relato bíblico sobre un sueño del faraón, donde siete vacas gordas y siete vacas flacas aparecieron, y fue interpretado por José como años de abundancia seguidos por años de escasez. En la vida cotidiana, se utiliza para hablar de momentos económicos prósperos y difíciles.
La historia bíblica de las vacas gordas y flacas se encuentra en el libro del Génesis, capítulo 41. El faraón tuvo dos sueños similares, ambos con siete vacas gordas y siete vacas flacas que salían del río Nilo. José interpretó los sueños como siete años de gran abundancia en Egipto, seguidos por siete años de gran hambre, por lo que recomendó al faraón que guardara grano durante los años de abundancia para tener provisiones durante los años de escasez.
Actualmente, nuestro país -y el mundo entero- se encuentra convulsionado económicamente ante las recientes políticas arancelarias que ha decretado el presidente Trump mismas que, por otro lado, tienen su origen primero, en una facultad legal y autónoma como país, y segundo en disposiciones legales al respecto.
Ese marco jurídico se encuentra en las disposiciones de la Sección 301 (Trade Act 1974) que permite aranceles correctivos ante lo que se consideren prácticas comerciales desleales y de la Sección 232 (Trade Expansion Act 1962), invocada por “seguridad nacional” como es el caso del acero y el aluminio.
En poco más de un lustro, la política arancelaria de Estados Unidos pasó de ser una herramienta excepcional a un instrumento recurrente de política industrial, seguridad nacional y geopolítica. Entre 2018 y 2024 se consolidó un mecanismo arancelario focalizado —sobre todo contra China— vía la Sección 301 (propiedad intelectual, transferencia forzada de tecnología) y la Sección 232 (seguridad nacional en acero y aluminio), al tiempo que se mantuvieron remedios comerciales (antidumping/compensatorios) y salvaguardas. En 2024, la administración Biden endureció selectivamente los aranceles 301 a productos “verdes” y estratégicos (por ejemplo, autos eléctricos, baterías, celdas solares, jeringas, partes de grúas portuarias), con alzas de hasta 100 por ciento en vehículos eléctricos y 50 por ciento en celdas solares, justificadas por riesgos a cadenas críticas y prácticas chinas consideradas injustas.
Finalmente, nuestro país vecino y su actual presidente dictan las políticas comerciales y económicas que mejor les convienen, o al menos eso debería de ser, pero, en todo caso, es un tema en el que nosotros como país, muy poco o nada podemos hacer al igual que el resto de países que han resentido también estos efectos.
En orden de afectación, de mayor a menor, estos países son: China, Canadá y México, Unión Europea (Alemania, Francia, Italia, España), Japón y Corea del Sur, Vietnam, Tailandia, Malasia, Indonesia, India, Brasil y Argentina, así como otros países en desarrollo (principalmente en el ramo textil).
Cada una de estas naciones ha implementado sus planes de acción para enfrentar la situación, de acuerdo a sus propias condiciones y sus políticas económicas interiores ¿Y México? ¿Qué estamos haciendo en nuestro país desde el gobierno, desde el sector empresarial e industrial y desde la sociedad, para “amortiguar” los efectos negativos del entorno mundial? ¿Estamos haciendo la tarea como nación?
Lo cierto es que no, no estamos haciendo lo que nos corresponde, principalmente desde el gobierno federal que, en este caso, es el único que tiene facultades y atribuciones para establecer medidas de alto impacto en la economía mexicana, pero sobre todo en temas que tienen que ver con la competitividad, con el apoyo a micros, pequeñas y medianas empresas que son el motor económico del país.
Pareciera que las autoridades mexicanas relacionadas al tema solo aciertan a obtener plazos de prórrogas a la imposición de aranceles, y esperar y esperar a que se cumplan los plazos, sin hacer nada efectivo para lograr una estabilidad en el comercio entre México y Estados Unidos. Como ha dicho un líder industrial de la frontera y compañero de página editorial, Thor Salayandía, solo patean el bote para adelante.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y otras fuentes como El Economista y DocuSign, las MiPymes generan aproximadamente el 72 por ciento del empleo formal en México, emplean a 27 millones de personas, lo que representa aproximadamente el 68.4 por ciento del total del sector empresarial.
Y son precisamente las MiPymes las más afectadas no por las políticas arancelarias de EU, no, son las más afectadas por la política económica del gobierno federal que, desde su visión tributaria, las considera evasoras fiscales de entrada, ahogándolas financieramente.
Con especial atención, en la zona norte de México, que incluye Chihuahua y Juárez por supuesto, medidas como un salario mínimo extremadamente alto, así como el incremento en otras prestaciones (vacaciones, por ejemplo), han llevado a una importante disminución del empleo, lo que en términos reales significa que una política laboral, cuyo objetivo es el mejoramiento de la calidad de vida del trabajador y su familia, vía el salario, termina convirtiéndose en todo lo contrario al quedarse sin empleo.
En todo este contexto, para nuestra ciudad la situación se torna particularmente alarmante, dada nuestra vocación eminentemente industrial, es decir, la fuerte afectación que está sufriendo la industria de la transformación, tanto en sus costos de producción como en la logística de transporte hacia los Estados Unidos, con todas implicaciones negativas que eso representa.
Tan solo para ilustrar lo delicado de la situación, en lo que va del 2025, solo en Juárez, se han perdido poco más de 8 mil empleos formales, solamente en el mes de julio se perdieron 883 plazas de trabajo. En un año, se han perdido casi 50 mil empleos.
Ya de por sí es grave que se pierdan plazas laborales, pero lo es más cuando se analiza que cada empleo directo lleva aparejado otros 4 más, es decir, estamos hablando que, de enero a la fecha de este año, más de 40 mil familias juarenses se quedaron sin la fuente de sustento, y que deberán buscar alternativas para subsistir. Es preocupante la situación.
Pero también es importante señalar que eso hubiera ocurrido igual con o sin las medidas arancelarias de EU, quizá no en las mismas proporciones, pero igual hubiera sucedido porque nuestra política económica e industrial están diseñadas políticamente, desde una ideología que castiga al que produce, porque implícitamente lo considera un explotador, un burgués que abusa de su clase social y de su dinero para enriquecerse aún más a costa del trabajador.
Sin caer en los excesos o radicalismos del neoliberalismo, quienes están al frente de la política en México olvidan algo que es básico: la economía es una sucesión de hechos, es una cadena, es un ecosistema… si hay empleo, los trabajadores ganan un salario y lo gastan en sus necesidades y las de su familia, lo que estimula la generación de empresas productoras de esos satisfactores, a su vez estas empresas generan más empleos que generan más actividad económica y más dispersión del dinero, y así, empleados y empresas pagan sus impuestos que son el sostén del gobierno. Si no hay empleo, no hay nada. Y están acabando con el empleo.
Incluso, los programas asistenciales de los gobiernos están fondeados con los recursos que se obtienen a través de los impuestos, es decir, no es el gobierno quien genera la riqueza, sino la actividad empresarial a la que tanto atacan y critican, sin darse cuenta que están acabando con la gallina de los huevos de oro.
Ojalá que pronto veamos la implementación de medidas y acciones tendientes a fortalecer y estimular la actividad empresarial e industrial, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, este país, Chihuahua y Juárez lo necesitan con urgencia.