-El robo de droga que calentó, más, la sierra
-Ulises y Gerardo, los más “votados”
-Ni el hambre de los niños conmueve a jueces
-Dos semanas de sube y baja financiero
Pagaron justos por pecadores el robo de un camión de los llamados “troceros” cargado más que con trozos de madera. Transportaba un “clavo” de precursores químicos para elaborar anfetaminas y algo de droga ya elaborada, cristal.
El camión habría sido detenido entre el 24 y 25 de agosto en algún lugar de la sierra entre El Vergel (Balleza) y Catedral (Guadalupe y Calvo) por un comandante de la Policía Estatal y varios de sus elementos.
Los tripulantes del pesado vehículo y los ocupantes de una camioneta pick up que hacía funciones de escolta fueron retenidos un rato por los estatales y la droga les fue “asegurada”.
Sin conocer esos hechos, obviamente, el 26 de agosto otros 10 policías de la misma corporación se desplazaban por el mismo trayecto. En Catedral, pueblo de la región serrana ubicado a unos 400 kilómetros de la capital Chihuahua, fueron capturados por casi 90 integrantes del Cártel de Sinaloa; fueron desarmados, esposados, golpeados y amenazados de muerte.
Finalmente fueron liberados y siguieron su camino en situación peor que lastimosa hacia la cabecera municipal, Guadalupe y Calvo. Los propios delincuentes les dijeron el motivo de la agresión: el robo de la droga, “aseguramiento” le fue llamado, un día o dos días antes.
Todos los elementos recibieron tal golpiza que varios terminaron hospitalizados, y aunque recibieron órdenes de sus jefes de no presentar denuncia, cinco de ellos se querellaron en la Fiscalía de la zona centro (ayer publicamos en exclusiva ese hecho).
En el contenido de las denuncias formales salió el tema del robo por parte de los “mandos” al narco-grupo (fueron señalados nombres de los comandantes Jonathan y Caín). De ahí el gran silencio que la Secretaría ha creado alrededor de la agresión a pesar del peligro inminente en el que fueron colocados sus 10 policías y la seguridad para la población civil en toda aquella región que abarca prácticamente desde Parral hasta los linderos con Sinaloa.
Así de grave fue el incidente. Así de grave es.
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Ulises Pacheco, con 365 votos; y Gerardo Rivas, con 298 votos, fue el cálculo que hizo el Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, sobre la elección interna para designar a presidente del comité municipal en Juárez.
Hizo el órgano superior del blanquiazul en la entidad mediciones en los municipios de Jiménez, Camargo, Saucillo, Ojinaga, Nuevo Casas Grandes, Temósachic, Cuauhtémoc y Madera.
Para la asamblea municipal de Juárez calculó una participación del 46 por ciento del padrón interno, o un total de 663 votos, de los cuales serían 365 para Ulises y 298 para Rivas, y la mínima diferencia restante para “otros”.
Fue así como el estatal dispuso que Pacheco fuera prácticamente designado como candidato único, de unidad, y evitarse innecesarias confrontaciones internas, de las que ya le sobran y le bastan al blanquiazul en todo el estado, en particular en Juárez.
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Lamentable, doloroso, injustificable y hasta repugnante resulta el aviso colocado en el cristal del Juzgado Tercero de lo Familiar de Ciudad Juárez, con el que se toparon los abogados afectados con la paralización absoluta del Poder Judicial del Estado desde hace unos días.
“Al público en general: Se les informa que por el momento no se podrá entregar oficio de pensión alimenticia dirigido al Fondo Auxiliar, debido al cambio del titular. Lo anterior hasta nueva orden judicial, por su atención, gracias”, dice la simple hoja de papel.
Traducido al castellano: qué importa la justicia, qué importa que los niños se mueran de hambre, lo realmente importante es que la nueva burocracia se acomode a sus anchas y comience a disfrutar de sus privilegios, que para eso fue la reforma al Poder Judicial.
En la nueva justicia del acordeón, resulta que las instituciones están a expensas del cambio de personas en las oficinas, una insensatez que nos muestra el nivel de los nuevos jueces, juezas, magistrados y magistradas que el lunes por la noche, en una pomposa ceremonia, asumieron sus nuevos cargos después de la elección de junio.
Por lo que vemos y denuncian los litigantes, ni la nueva presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Marcela Herrera, ni nadie en el Poder Judicial, tomaron previsiones para garantizar que los justiciables puedan ejercer ese tipo de derechos que no admiten demora.
En los juzgados federales dejaron un secretario o secretaria encargada del despacho, pero en los estatales nada les importó paralizar plazos de tribunales y hasta las instancias administrativas.
Eso explica que hayan dejado en el aire hasta la entrega las pensiones alimenticias, cuando la realidad es que la gente espera el día para ir a cobrarlas y abastecerse de lo más esencial, como la comida, pañales y leche para los niños pequeños, especialmente.
La lógica, la razón, indican que las instituciones no se detienen o no deben detenerse por el relevo de personal; eso de que las personas pasan y las instituciones permanecen -máxima de Jean Monnet, principal impulsor de la Comunidad Europea del siglo pasado-, parece que no aplica para el sistema de justicia.
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Las próximas dos semanas estarán plagadas de altibajos en noticias económicas, todas generadoras de incertidumbre.
Tal es el caso de la decisión de un juez federal en Estados Unidos, que declaró ilegales los aranceles cobrados por la administración Trump a las importaciones de decenas de países.
Por lo pronto, hay el temor de que el gobierno de ese país, tenga que devolver lo recaudado hasta ahora a quienes ya pagaron dichos impuestos. Esto significaría un boquete de más de 145 mil millones de dólares y dificultaría la lucha contra el déficit fiscal, ya insostenible.
No por nada, subieron las tasas de interés de los bonos a 10 años, ante el temor de que Estados Unidos batalle aún más para cumplir sus compromisos financieros con sus acreedores.
Además, en dos semanas se da la reunión del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal para definir si se reduce la tasa de interés de referencia o si se queda como está. Ambos eventos son altamente relevantes para la vida económica de Juárez y El Paso.
Ambas ciudades, están por ahora, muy afectadas por un sector maquilador que no se expande y noticias recientes indican que la industria de EU seguirá débil hasta que no se defina qué va a suceder con el costo del dinero.
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Debe resultar sumamente incómodo para el expresidente, Andrés Manuel López Obrador, que su círculo más cercano haya puesto en entredicho uno de los principios del movimiento que él fundó y por el cual, en gran parte, ganó las presidencia en 2018: la austeridad y el combate a la corrupción.
Más gravoso aún que la polémica se centre no solo en su hijo Andy López Beltrán sino, a partir de la última semana de agosto, en su hermano, Pío López Obrador.
En videos exhibidos originalmente por el noticiero nocturno Latinus en 2020, se mostró cómo Pío recibía a plena luz del día, y en un restaurante céntrico, un sobre con 400 mil pesos. Se los entregó David León Romero, funcionario de Manuel Velasco, en ese entonces gobernador de Chiapas.
Al respecto, el propio Presidente confirmó en La Mañanera que eran apoyos voluntarios para el movimiento.
Hasta el 22 de agosto pasado el Instituto Nacional Electoral (INE); es decir, cinco años después, concluyó una “investigación” y cerró el caso por falta de pruebas, como si esperaran encontrar un recibo o una declaración de impuestos.
El asunto escaló nuevamente por otros videos de Latinus donde el mismo operador, David León, entrega dinero al aspirante de Morena para alcalde de Villaflores, en Chiapas. Y explícitamente le dice que se los manda “el gobernador”. Los videos corresponden, según Carlos Loret de Mola, al periodo en que se entregó el dinero a Pío López.
El ahora senador del Verde, Manuel Velasco ha negado tajantemente haber enviado esos recursos.
Tras un careo de ocho largas horas en un juzgado de la Ciudad de México, Pío subió una grabación en la que asegura que el video fue manipulado y que exigiría que Loret de Mola, quien ya había comparecido en un careo en 2024, pague una multa de 220 millones de pesos.
El conductor dijo que, si no paga ese dinero, seguramente irá a la cárcel, y que eso le espera a otros periodistas que revelen casos similares.