La LXV Legislatura del Congreso de Campeche, -entidad cuya gobernadora es Layda Sansores-, aprobó el Decreto Número 128 que reforma y adiciona la Ley de Expropiación y Demás Limitaciones al Derecho de Propiedad del Estado.
A simple vista, puede sonar como un ajuste técnico, pero en realidad representa un cambio profundo que debería prender focos rojos en todo el país, incluido Chihuahua.
Por lo que habría que preguntarse, ¿cuánto falta para que en nuestro estado se lance una iniciativa similar?
La nueva legislación acelera los procesos de expropiación, ocupación temporal y servidumbres administrativas. El procedimiento, que antes podía extenderse en largos trámites, ahora se concreta en cuestión de días: cinco para que el propietario afectado responda, ocho para audiencias, diez para que la autoridad resuelva, y un máximo de treinta para que el Ejecutivo emita el decreto definitivo. Si no hay respuesta, el Estado toma posesión inmediata.
Lo más delicado es que no hay recursos administrativos para defenderse: la única salida es promover un juicio de amparo, que no siempre protege al ciudadano en tiempo real frente a la maquinaria gubernamental. Además, si el dueño no recoge su indemnización en tres años, el dinero se queda en las arcas del Estado.
En términos prácticos, este marco legal abre la puerta a que los gobiernos estatales puedan hacerse de terrenos, viviendas, fábricas o negocios en lapsos muy breves, con el argumento de utilidad pública. El avalúo se hará a valor comercial, pero la experiencia en México demuestra que muchas veces ese “valor” está por debajo de lo que el mercado real ofrece.
Lo aprobado en Campeche es un recordatorio de que los derechos de propiedad en México nunca están garantizados del todo. Hoy se legisló allá, pero mañana puede discutirse aquí en Chihuahua.
La rapidez con que el Estado puede disponer de bienes particulares, el poco margen de defensa para los ciudadanos y la discrecionalidad con que se decretan estas medidas nos colocan en un escenario riesgoso: un gobierno con más poder para quitarte tu patrimonio, y un ciudadano con menos herramientas para defenderlo.
Es a todas luces una decisión preocupante para el resto del país. Primero, porque golpea directamente la seguridad jurídica de los propietarios; segundo, porque abre un frente de riesgo para la inversión privada.
¿Quién pondrá capital en un estado donde el gobierno puede hacerse de tus activos con tal rapidez y discrecionalidad? Y tercero, porque deja en absoluta indefensión a las familias, para quienes la vivienda es patrimonio de vida.
Lo aprobado en Campeche no debe verse como un hecho aislado. Marca precedente y muestra la tentación que pueden tener otros congresos locales —incluido el de Chihuahua— de dotar al Ejecutivo de más herramientas para apropiarse de bienes privados bajo el manto de la “utilidad pública”.
En el fondo, el mensaje es claro: el poder del Estado por encima del ciudadano. Y cuando las reglas del juego patrimonial se modifican así de fácil, lo que se erosiona no es solo la propiedad privada, sino la confianza en que mañana la ley protegerá tu derecho a conservar lo que es tuyo.
Y sí, si es un atentado en contra de la propiedad privada.