La tala de al menos 10 árboles en el camellón de la avenida Ejército Nacional a la altura de la plaza comercial Alameda Iglesias provocó una manifestación este sábado por parte de ciudadanos que denunciaron lo que consideraron un ecocidio.
Esta manifestación surgió debido a la intervención que da paso a un acceso vehicular hacia una plaza comercial y un hotel en construcción.
“Cuando me di cuenta ya habían tirado varios árboles, y lo primero que hice fue avisar a otros vecinos, porque nadie sabía qué estaba pasando. No hubo aviso, no hubo explicación”, dijo un habitante de la zona, quien prefirió omitir su nombre, pero que acudió a la protesta junto a su familia.
Leticia Padilla, representante del Frente en Defensa de El Chamizal, informó que fueron ocho los árboles derribados en una primera acción, y posteriormente otros dos más, aun cuando ya se había realizado la denuncia pública.
Explicó que ninguna autoridad municipal reconoció haber otorgado permisos para intervenir el camellón.
“Ni Desarrollo Urbano, ni Ecología, ni Parques y Jardines admiten haber autorizado esto”, aseguró.
La manifestación fue convocada por el Frente en Defensa de El Chamizal y el colectivo Árboles en Resistencia tras recibir una solicitud de apoyo de residentes del sector.
Padilla señaló que la movilización tiene como objetivo visibilizar la afectación y construir un proceso conjunto con la comunidad.
Añadió que no se tomarán decisiones sin antes escuchar las propuestas de quienes habitan la zona.
Los inconformes cuestionaron que, pese a tratarse de una obra en espacio público y de movimiento de tierra, no existe señalización de clausura ni suspensión oficial en el área.
Además, denunciaron que durante la intervención no se presentó personal de supervisión por parte del Municipio.
Padilla hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse a las causas ambientales y recordó que existen estudios de organizaciones nacionales que colocan a Ciudad Juárez entre las ciudades con mayor vulnerabilidad ecológica.
Señaló que la participación organizada es necesaria para exigir responsabilidades a los funcionarios públicos encargados del cuidado del entorno.

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