Ciudad Juárez.- La búsqueda de sus difuntos incinerados semanas, meses o años atrás, como parte de los servicios adquiridos en las funerarias Latinoamericana y Del Carmen, principalmente, mostró a los deudos las diversas irregularidades cometidas por estas empresas e incluso por la propia Fiscalía de Distrito en la Zona Norte, aseguraron los dolientes.
Ahora, las familias están organizándose para pasar de la identificación y recuperación de su pariente a la demanda contra todos los probables responsables, directos e indirectos; luego, exigirán a legisladores revisión de leyes y reglamentos, así como las adecuaciones a los protocolos para evitar la repetición de hechos.
Son decenas los afectados que están conformando redes de apoyo para orientarse entre sí, argumentando la falta de credibilidad en la autoridad, aseguran a condición del anonimato.
“La impotencia, el coraje, se tiene que convertir en nuestra fortaleza porque no puede ser que la corrupción permita el fraude y ese fraude el maltrato a nuestros difuntos”, dijo Dora Elena, una mujer que el año pasado cremó a su esposo y vivió varios días de angustia hasta que tuvo la certeza de que las cenizas que tenía en su poder eran de su marido.
A 10 días del hallazgo de 383 cadáveres en estado de descomposición, algunos ya en la fase de reducción esquelética dentro del crematorio descompuesto ubicado en la colonia Granjas Polo Gamboa, son cientos los dolientes que están con la incertidumbre de no saber si su ser querido estaba apilado dentro de “las dos o tres habitaciones” que se encuentran dentro de ese predio.
Hasta el cierre de esta edición la Fiscalía General del Estado (FGE) seguía sin entregar un solo cuerpo y este domingo suspenden la atención al público.
Los peritos de todo el estado que laboran en la identificación de cadáveres se tomarán un descanso este día.
Detallan irregularidades
En entrevistas realizadas por El Diario, los dolientes aseguran que las empresas les mintieron como clientes al ofrecerles el servicio de incineración, sin explicarles que su crematorio estaba descompuesto, como ocurrió con la funeraria Latinoamericana o bien, que carecían de instalaciones propias, como fue el caso de la empresa Del Carmen.
Ninguno de los empleados o encargados de ambas funerarias aceptó una entrevista.
Una de las familias afectadas explica que ellos contrataron el servicio a futuro en la funeraria ubicada en la avenida Paseo Triunfo de la República y en el mes de diciembre, cuando fallece el patriarca de la familia, hicieron uso de él.
“En diciembre del 2024 se hizo uso del servicio para el sepelio de mi abuelo. El jueves cuando sale la noticia, nosotros como familia nos sentimos aliviados porque teníamos la confianza de que la funeraria que habíamos contratado contaba con su propio crematorio; hasta ahí estábamos bien, pero el domingo (29 de junio) empezaron los familiares a cuestionar”, explica Dafne, nombre con el que se identificará a la entrevistada.
Sin embargo, la duda persistía y aumentó cuando la funeraria fue suspendida de servicios y trabajos por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris), como lo dio a conocer Roxana Macías, enlace de comunicación social de la dependencia.
“Fue como la caída de un balde de agua fría para la familia. La funeraria borró los números de teléfono, ya no aparecían ni en Google, los conseguimos y no contestaban, por eso fuimos a Fiscalía y éramos pocos los que estábamos ahí preguntando; mi mamá se llevó toda la documentación y a ella le explicaron que iba a ser un proceso largo por la condición de los cuerpos”, narra Dafne.
Agrega que pidieron al Ministerio Público que le mostraron los cuerpos y se lo negaron, que hicieran exámenes de ADN y los descartaron por la preparación de los cadáveres; al proponer el reconocimiento por la vestimenta, también lo rechazaron al mencionarle que muchos de los cuerpos estaban desnudos.
“Nos cerraron todas las opciones, luego el Ministerio Público le pidió dos fotos recientes de mi abuelo a mi mamá. De ahí ella se fue a la funeraria y le informaron que en los documentos que le entregaron junto con las cenizas estaba el nombre del crematorio al que llevaron el cuerpo”, relata.
La familia se indignó debido a que la funeraria afirmó tener crematorio propio, ese fue el motivo por el cual contrataron el servicio a futuro con ellos, asegura Dafne.
Dice que la empresa en ningún momento les informó de la salida del cuerpo a otro horno, ni que éste estaba descompuesto desde hace meses y que por ese motivo subarrendaron los servicios.
“Nosotros acudimos al crematorio donde estuvo mi abuelo y nos mostraron los registros de su ingreso y salida, para nosotros fue positivo, ahora sabemos que sí tenemos sus cenizas, pero no deja de ser un fraude el cometido por la empresa, al mentirnos para que se les comprara un servicio con el que no cuentan”, expone la quejosa.
Menciona que están pagando otros paquetes familiares a la misma empresa, pero ya no confían en ella y desean cancelar el servicio y exigir el reembolso del dinero por incumplimiento en lo ofrecido y la angustia sufrida.
“Para mi madre, que aún no superaba la pérdida de mi abuelo, fueron días muy difíciles; para ella y para toda la familia”, asegura Dafne, testigo de un dolor que no le perdonan a la funeraria.
Creman a víctima de homicidio doloso
Otro caso ocurrió en la funeraria Del Carmen. A finales de mayo fue asesinado José María Iglesias Martínez, de 23 años. Acudieron a solicitar a esta compañía el servicio funerario, con valor de 38 mil pesos porque les ofreció la cremación y desde que se despidieron del cuerpo de su ser querido iniciaron las irregularidades.
La madre explica que les dijeron que cremarían el cuerpo en El Paso, Texas, porque allá tenían los hornos y supuestamente cuando fuera el traslado del cuerpo la esposa de la víctima podría ir en la carroza acompañando a su marido, lo que luego le negaron.
La familia quedó a deber entre 5 y 6 mil pesos y la esposa de la víctima dejó en prenda su pasaporte.
La madre explica que, en medio de su dolor por el asesinato de su hijo, recibe de manos del supuesto propietario un documento firmado por el agente del Ministerio Público Masahiko López, dirigido al oficial del Registro Civil y en el cual informa que él autoriza a la funeraria Del Carmen el traslado del cuerpo a El Paso, Texas.
Y aunque el papel (FGE-IUDV-7648/2025) no menciona que es para la incineración del cadáver, ese era el motivo por el cual el cuerpo sería enviado allá, aseguran las entrevistadas.
La familia expresa que el cuerpo sería cremado a principios de junio en el vecino país y después del día 15 de junio recibieron las cenizas.
Sin embargo, tras darse a conocer el hallazgo de los 383 cuerpos en el crematorio de la familia Arellano Cuarón, la madre, la esposa y una amiga de la persona asesinada investigaron y descubrieron que el cuerpo nunca cruzó a Estados Unidos.
Los oficiales de la Aduana en uno de los puentes internacionales le explicaron a la viuda que era imposible el cruce del cuerpo del ciudadano mexicano a un crematorio de ese país, particularmente porque la víctima carecía de visa en vida y tras una revisión en sus sistemas le aseguraron que la funeraria no había cruzado ningún cadáver.
El trámite, le explicaron, lo debe realizar la funeraria mediante el enlace con la Embajada o el Consulado mexicano, lo que asegura la entrevistada no ocurrió.
“Me dijeron que el cuerpo no pasó por ningún puente internacional”, insiste la esposa de José María.
La familia recibió las cenizas la segunda semana de junio, sin embargo, desconocen en qué incinerador fue cremado el cuerpo y si las cenizas corresponden a su ser querido, pues los crematorios de El Paso, mencionados por Roberto Ávalos Arriaga, negaron haber realizado ese servicio.
Ante el caos y el miedo de que el hombre de 23 años estuviera en el crematorio Plenitud, la familia acudió ante la Fiscalía y al ver el documento firmado por López, asignado a la Coordinación de Agencias del Ministerio Público y con copia al fiscal Carlos Manuel Salas, la titular del área, Michelle Rodarte y jueza penal electa, le ofreció a la familia darle seguimiento al caso.
Las mujeres aseguran que hasta ayer nadie les ha llamado de Fiscalía, menos aún les explicaron que, por ley, en México no están autorizadas las cremaciones de las víctimas del delito de homicidio doloso hasta que no concluya la investigación del crimen.
Avizoran el quiebre económico de varias funerarias
Marcelo Ruiz Cantú, líder de la Unión de Funerarias de Juárez asegura que el hallazgo de los 383 cadáveres provocará el cierre de varias empresas funerarias. Cinco de ellas –que contrataron el servicio al crematorio Plenitud– están bajo investigación: Luz Divina, Capillas Protecto Deco, Del Carmen, Latinoamericana y Amor Eterno.
“Me parece que las funerarias se pueden declarar hasta como víctimas, sin embargo, si incurrieron en alguna omisión van a tener que pagar por ello”, afirma.
Dice que estos negocios mencionados van a tener que enfrentar lo que venga.
Y el resto de las empresas en el ramo, ajenas a este hecho, van a ser impactadas directamente en la credibilidad del cliente, menciona.
“¿Qué es lo que va a suceder? Van a desaparecer algunas funerarias, ese es un hecho, el tamaño de lo que esto significa es muy grande; las personas que tienen pagados sus servicios a futuro están demandando su dinero, hay amenazas de demandas”, plantea temeroso.
En el caso del crematorio Memorial, del que él es propietario, refiere que para dar paz a las familias, deben acudir con tres documentos: donde se menciona la entrega del cuerpo, el recibo de la cremación y el recibo de pago.
“La certeza de que yo cremé sus cuerpos se las daré por escrito y eso para mí es una gran carga administrativa, pero prefiero eso a ver a las familias penar con sus cenizas en los brazos”, ofrece.
“Las funerarias van a tener que corroborar cada uno de sus procesos administrativos, si hubiéramos hecho lo correcto siempre no estaríamos en esta situación”, afirma.
Empleados funerarios dicen no estar extrañados de lo que ocurre actualmente ya que la corrupción siempre ha existido entre funerarias y agentes del Ministerio Público y el personal del Servicio Médico Forense, funerarias y Registro Civil, funerarias y Coespris.
“El negocio de la muerte siempre ha sido redituable y ha dado para todos”, reconocen “levantamuertos” consultados.
Justicia restaurativa
Dora Elena, otra de las mujeres que buscó a su ser querido y quien apoya a las familias en la organización de los documentos a presentar a funerarias para ubicar el crematorio donde fueron incinerados los restos de sus seres queridos, dice que ya se están organizando.
Primero para identificar y recuperar los cuerpos, segundo, para demandar a quien se tenga que demandar –incluyendo a las autoridades investigadoras y reguladoras– y tercero, para obligar a los diputados a legislar en la materia que obligue a las empresas funerarias a trabajar en estricto apego a Derecho.
“Esto es el resultado de la corrupción que ha existido y esto se acabó”, afirma Dora Elena, quien le apuesta a la justicia restaurativa en medio del dolor de las familias afectadas y que por el lucro de unos cuantos fueron revictimizadas.
Mientras tanto, peritos de la Fiscalía General del Estado trabajan a marchas forzadas para identificar los cuerpos localizados, en un hecho que han catalogado como una “verdadera catástrofe”.
“Este trabajo pericial tan complejo sólo puede semejar el escenario de un accidente aéreo por el número de víctimas a procesar”, explican.