Ciudad Juárez.- Organismos empresariales de esta frontera expresaron su preocupación por los cobros con “tintes de extorsión” que diversos establecimientos han enfrentado en los últimos meses bajo el argumento de supuestas licencias para la reproducción de música.
Señalaron que estas prácticas, atribuidas a representantes de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) con acompañamiento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), generan desconfianza e incertidumbre en el sector productivo.
El posicionamiento dirigido a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, fue encabezado por la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Ambos organismos indicaron que el IMPI tiene facultades para regular patentes y marcas, pero no para representar ni cobrar derechos de autor, por lo que consideraron indebido el uso de su nombre en estas diligencias.
Los empresarios recordaron que la legislación en materia de derechos de autor no ha sido actualizada desde 1996, a pesar de la transformación en el consumo musical con la llegada de plataformas digitales y servicios de streaming.
Explicaron que bajo la normativa vigente se aplican tarifas que resultan desfasadas y discrecionales, lo que abre espacio a abusos y afecta la operación de los negocios que generan empleo y desarrollo.
En el documento solicitaron a la mandataria federal revisar y transparentar los convenios mediante los cuales se realizan estas inspecciones, así como garantizar que ninguna autoridad o sociedad privada recurra a mecanismos de intimidación o cobros discrecionales.
Plantearon también la necesidad de impulsar una nueva legislación integral que contemple tarifas modernas y justas, que reconozcan el derecho de los creadores sin poner en riesgo la viabilidad de las empresas.
Los organismos empresariales precisaron que están dispuestos a negociar en un marco legal moderno y equitativo, con reglas claras que permitan llegar a acuerdos sostenibles entre autores, compositores y el sector productivo.
Señalaron que no aceptarán esquemas de intimidación ni tarifas que no respondan a la realidad actual del mercado.