La Ciudad de El Paso puso fin oficial a su Declaración de Estado de Emergencia, implementada durante el punto más crítico de la llegada masiva de migrantes a la región fronteriza a finales del 2023 y principios del 2024, al no ser incluida en la agenda del Ayuntamiento para su renovación.
Esta decisión se tomó al considerar que el número de refugiados disminuyó drásticamente con las nuevas políticas migratorias del presidente Donald Trump.
La medida, vigente desde el apogeo de la incursión masiva de extranjeros y renovada periódicamente desde su instauración, no apareció en la agenda del Concejo municipal en febrero, marcando así su fin tras más de un año de vigencia.
“Realmente el hecho de no extenderla más es por el número tan pequeño de ingresos y aprehensiones de migrantes que ha habido en la ciudad”, aseguró la representante del Distrito 7, Lily Limón, al señalar que los números ya no son los que eran antes cuando se recibía a cientos de refugiados diariamente.
De acuerdo con las autoridades, la última vez que la emergencia fue extendida fue el 7 de enero de 2025, en un contexto en el que las autoridades locales aún gestionaban las secuelas de un flujo migratorio sin precedentes. Sin embargo, en las semanas siguientes, la disminución significativa de llegadas llevó a las autoridades a no prorrogarla nuevamente.
“Hoy en día, ya no hay la necesidad de tener esa proclamación en mano”, apuntó la representante del Distrito 7, al recordar ese capítulo que vivió la ciudad y una crisis que la desbordó, pero que reflejó la solidaridad no sólo de las autoridades locales sino también de la comunidad.
El Paso, una de las principales ciudades en la frontera entre Estados Unidos y México, fue una de las más afectadas por el aumento masivo de migrantes, particularmente durante 2023 y 2024, cuando miles de personas –en su mayoría provenientes de Venezuela, Centroamérica y otros países– cruzaban diariamente en busca de asilo.
La saturación de albergues, la falta de recursos y las tensiones políticas llevaron al Gobierno local a declarar el Estado de Emergencia bajo la administración del alcalde Oscar Leeser, una medida que permitió acceder a fondos federales y coordinar esfuerzos con agencias estatales y organizaciones sin fines de lucro.
En los meses siguientes, la Ciudad implementó centros de procesamiento temporal y desplegó personal adicional para manejar la situación, dijo Laura Cruz, portavoz de la Ciudad, quien afirmó que la decisión de no renovar la emergencia se debió a una caída drástica en el número de cruces irregulares.
“Ahora con el cambio de Gobierno a nivel federal, no ha dado lugar para esto debido al cambio de política en materia migratoria. Hoy hemos visto una baja dramática por lo que no es necesario continuar con ese mandato”, subrayó la vocera del Gobierno local.
Manifestó que en su momento la Ciudad ofreció una serie de servicios a los dirigentes de los albergues autorizados y también a los migrantes que arribaban a la ciudad. “Había una coordinación y asistencia permanentes a los necesitados en un esfuerzo por enfrentar la crisis».
En ese sentido se pronunció Chris Canales, representante del Distrito 8, al coincidir con Limón en ya no renovarla y asegurar: “No hay más ordenanza de emergencia y los fondos federales expiraron en diciembre del 2024”.
Se informó que la decisión de finalizar la ordenanza de emergencia se produjo cuando los dos programas de subvenciones y reembolsos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), el Programa de Alimentos y Refugio de Emergencia y el Programa de Refugio y Servicios, estaban finalizando o enfrentaban cambios.
Según las autoridades, la caída drástica en el número de cruces irregulares es atribuida a factores como las restricciones migratorias impuestas por el Gobierno federal, incluyendo mayores deportaciones y controles; la implementación de políticas regionales entre Estados Unidos, México y otros países para frenar la migración irregular; y la reducción estacional, que suele presentarse después de períodos de alta movilidad.
Aunque la emergencia ha terminado, las autoridades reconocen que la situación en la frontera sigue siendo volátil y que podrían reactivar medidas similares si resurge la presión migratoria. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos insisten en la necesidad de soluciones a largo plazo para garantizar un tratamiento digno a quienes llegan buscando refugio.
Con este paso, se dice que El Paso cierra un capítulo crítico, pero la vigilancia continúa en una región donde la migración sigue siendo un tema central. “Nunca podemos decir que llegó a un fin verdadero, pero ya llegó al punto en que ya no es necesario proveer estos servicios propuestos en la declaratoria de emergencia”, dijo Limón.
Manifestó que durante su vigencia la Ciudad estuvo lista para asistir, ya sea con recursos o dando hospedaje y ayuda a los refugiados que iban en camino a sus destinos finales. Sin embargo, ahora el número de migrantes que está pasando es tan pequeño que realmente ya no hay necesidad de brindar asistencia a los refugios involucrados.
“Y es precisamente porque ha quedado claro lo dictado por el presidente Trump al declarar a los migrantes como enemigos, entonces el número ha bajado excesivamente y ya no tenemos que estar en alerta, proporcionando servicios a los albergues como Casa Anunciación, proporcionando comida, ropa, artículos de higiene, entre otros servicios”, añadió.
Las autoridades informaron que la medida activó la Oficina de Gestión de Emergencias de la Ciudad-Condado de El Paso, permitiéndoles dotar de personal a los albergues para migrantes y redirigir los recursos financieros para brindar servicios de ayuda humanitaria con el fin de crear y dotar de personal al “Centro de Bienvenida” para brindar asistencia de transporte, servicios de vuelos chárter de larga distancia y más de 39 mil comidas.
En este operativo considerado como de “carácter humanitario” participó el Condado de El Paso, el cual también abrió un centro de atención a migrantes con la ayuda de la organización sin fines de lucro Salvation Army.
La declaración de emergencia permitió a las autoridades acceder a los fondos disponibles a través de los programas federales de reembolso. La Ciudad utilizó la ordenanza y los fondos del Programa de Refugios y Servicios (SSP) durante la mayor parte de enero, dijo el subadministrador municipal Mario D’Agostino a principios del 2025.
“Tuvimos que usar habitaciones de hotel a principios de enero porque las ONGs no tenían capacidad para albergar a los migrantes que llegaban”, explicó D’Agostino.
Con la toma de posesión de Donald Trump, el pasado 20 de enero, prácticamente se marcó el fin de la necesidad de la ordenanza de emergencia al experimentar una fuerte disminución en las llegadas de migrantes a este país con la eliminación de la aplicación CBP One, una herramienta que los migrantes utilizaban para acceder a las entrevistas de asilo.