Ivana Bronlund es madre, pero no tiene a su hija.
Una hora después de que nació su bebé en una pequeña ciudad de Dinamarca, el gobierno se la llevó.
Sigue extrayéndose leche que alguien recoge y se la lleva a la bebé. Mira fijamente por las grandes ventanas cuadradas de su edificio de apartamentos y se imagina constantemente que vuelve a tenerla en brazos.
“Ojalá me hubieran dado la oportunidad de demostrar que puedo ser madre”, dijo.
Bronlund tiene 18 años y procede de un hogar con antecedentes de abuso. Por eso, las autoridades danesas la sometieron a una exhaustiva prueba de competencia parental que pretende proteger a los niños, pero que ha sido criticada como una dura intromisión en la vida familiar.
Además, es groenlandesa, y los groenlandeses llevan mucho tiempo quejándose de que estas pruebas son injustas. Según un estudio reciente, los niños groenlandeses nacidos en Dinamarca tienen cinco veces más probabilidades de ser separados de sus padres que los demás menores del país.
Dinamarca, que controla Groenlandia como territorio de ultramar, ha intentado solucionar este problema. A principios de este año, mientras Bronlund estaba embarazada, el Parlamento danés votó a favor de modificar la manera en que se aplicaban las evaluaciones de paternidad a las familias groenlandesas.
Pero por razones que aún no están claras, Bronlund no fue tratada como exige la nueva ley, lo que los funcionarios locales han calificado como un “error”. El martes está prevista una audiencia de apelación.
Los esfuerzos de Bronlund para recuperar a su bebé movilizaron a partidarios y han desencadenado protestas, convirtiéndose en otro punto delicado en la larga y complicada relación de Dinamarca con Groenlandia.
El caso se ha desarrollado en un momento de gran actividad para Groenlandia, una gigantesca isla localizada entre los océanos Atlántico Norte y Ártico que el presidente Donald Trump ha prometido conquistar “de una forma u otra”. Tomar el control de ella, según Trump, es crucial para la seguridad estadounidense.
Dinamarca, por su parte, ha estado luchando por mantener a los groenlandeses de su lado. De repente, está haciendo todo tipo de cosas que los groenlandeses han exigido durante años. Una de ellas ha sido cambiar el examen de competencia parental, que en danés se denomina con una palabra larga: forældrekompetenceundersøgelse. Otra ha sido abordar las fechorías históricas.
La semana pasada, investigadores daneses y groenlandeses publicaron un mordaz informe de 347 páginas en el que se detallaba la pasada campaña del gobierno danés para obligar a utilizar métodos anticonceptivos a toda una generación de mujeres y niñas groenlandesas, algunas de tan solo 12 años, a muchas de las cuales se les ocultó lo que se les estaba haciendo. El primer ministro danés llegó a ofrecer una disculpa oficial largamente esperada por ese y otros agravios cometidos contra Groenlandia.
Los activistas afirman que el caso de Bronlund es una prueba de cómo los agravios nunca parecen terminar, en especial cuando se trata de mujeres groenlandesas.
“La historia se repite”, dijo Najannguaq Hegelund, vicepresidenta de Sila 360, organización danesa dedicada a los derechos de los pueblos indígenas. Calificó el caso de “ruina colonial”, afirmando que era una prueba del obstinado estereotipo de que los groenlandeses no pueden cuidar de sus propios hijos.
“Está tan arraigado en la sociedad danesa que los padres groenlandeses son definidos automáticamente como incapaces”, dijo.
El calvario de Bronlund comenzó en diciembre, cuando tenía 17 años y descubrió que estaba embarazada. Fue a hacerse una ecografía y vio “un corazoncito latiendo; fue increíble”, dijo.
Se preguntó si abortar podría dañar algo de su cuerpo que le impidiera tener hijos en el futuro.
“Todo eso se me pasaba por la cabeza”, dijo. “Pero, sobre todo, no podía soportar la idea de matar al feto. Así que decidí quedármelo”.
Según los documentos que compartió con The New York Times, el Comité de Infancia y Juventud de su municipio, al oeste de Copenhague, inició una investigación en enero.
Bronlund dijo que la sometieron a entrevistas con psicólogos, reuniones con trabajadores sociales, evaluaciones psicológicas estandarizadas y pruebas de coeficiente intelectual que medían su capacidad para manipular formas y hacer problemas matemáticos, que ella dice que nunca se le dieron bien. Tradicionalmente, las investigaciones sobre la paternidad implicaban una serie de entrevistas y pruebas estandarizadas.
Las autoridades municipales se negaron a comentar los detalles del caso de Bronlund, alegando cuestiones de privacidad.
Bronlund dijo que nunca encajó en una categoría definida. Nació en Groenlandia, fue adoptada por una pareja que se trasladó a Dinamarca continental y abandonó los estudios en séptimo curso. Trabajaba como niñera y jugaba en el equipo nacional juvenil de balonmano de Groenlandia. Durante su infancia, su padre abusó sexualmente de ella. Finalmente, fue condenado y enviado a prisión, donde sigue recluido.
La documentación decía que la trataban como a cualquier otro danés y no como a una groenlandesa porque “se crió en la cultura danesa y con el idioma danés”.
Las autoridades de toda Dinamarca utilizan pruebas de paternidad, pero no se aplican a toda la población, solo a las familias en las que ya hay problemas de bienestar. Dinamarca ha reforzado recientemente las leyes de protección de la infancia y, en consecuencia, ha facilitado que el Estado pueda anular a un progenitor e incluso retirar a su hijo de su hogar.
Las nuevas normas sobre cómo deben aplicarse estas evaluaciones a la comunidad groenlandesa de Dinamarca entraron en vigor en mayo, cuando Bronlund estaba embarazada de seis meses. Según las nuevas normas, ya no deben utilizarse pruebas psicológicas estandarizadas; en su lugar, se supone que las familias groenlandesas deben someterse a evaluaciones especializadas, más sensibles desde el punto de vista cultural.
Eso no ocurrió, y en junio la convocaron a una reunión.
Se reunió con una psicóloga, preparándose para la evaluación. La psicóloga dio su recomendación: que le quitaran el bebé a Bronlund tras el nacimiento.
Bronlund dijo que la noticia la dejó en estado de shock y se sentó a llorar en una habitación.
“Dijo que yo no podía proporcionar lo que el niño necesitaba”, recordó en una entrevista, “y que no estaba preparada para ser madre”.
Según los documentos, el equipo de evaluación concluyó que ella “no era capaz de garantizar el bienestar y el desarrollo de su hijo” y que tenía “una gran necesidad de apoyo psiquiátrico y social”, lo que su familia considera una conclusión injusta basada en los abusos sexuales que sufrió de niña.
Ella y los activistas que la apoyan creen que la sentencia es errónea en muchos sentidos.
“¿Su padre le hizo algo hace años y ahora tiene que pagar?”, dijo Maria Rubin Nicolajsen, voluntaria de la comunidad de Bronlund, quien ayuda a las familias a navegar por la burocracia.
Nicolajsen compartió estos pensamientos en una pequeña protesta a principios de mes ante la sede del gobierno municipal, que se completó con megáfonos, carteles y una caja de té helado como refrigerio.
Bronlund es “una chica muy dulce. No bebe. No fuma. Nada”, dijo Nicolajsen. “Y está luchando por su bebé. ¿No es eso lo que quieres que haga una buena madre?”.
Bronlund sigue extrayendo su leche. Se levanta en mitad de la noche para hacerlo. Cada dos semanas se le permite una visita de dos horas con su bebé, a la que ha llamado Aviaja-Luuna.
Ha apelado su caso, y el martes una junta nacional revisará los resultados. La ministra danesa de Asuntos Sociales y Vivienda, Sophie Hæstorp Andersen, ya ha declarado que “se ha cometido un grave error”, afirmando que las autoridades locales no cumplieron la nueva ley.
Las propias autoridades locales dijeron, en la documentación que la familia compartió con el Times, que aplicaron a Bronlund una prueba psicológica estandarizada “que no se ajustaba” a la nueva política.
“Esas pruebas no deben utilizarse en casos relacionados con familias groenlandesas”, escribieron los funcionarios locales, y “el municipio lamenta este error”.
Pero los funcionarios municipales también dijeron en los documentos que no se basaron exclusivamente en las pruebas y que, incluso sin ellas, habrían tenido “base suficiente” para poner a la bebé en acogida. Las autoridades locales dijeron que se basaron en muchos datos para llegar a su conclusión, incluidas entrevistas con Bronlund y una revisión de la policía.
Si pierde el recurso, Bronlund no tendrá otra forma viable de mantener a la bebé en su familia. Si su madre se la lleva, le dijeron que tendría que mudarse. No quiso hacer comentarios sobre el padre del bebé, y en los documentos compartidos con el Times no se le menciona.
Bronlund dijo que lo más duro de toda la experiencia fue el momento en que se despidió de su hija.
Dos personas del ayuntamiento entraron en la sala de partos.
Iban vestidos de blanco.
Dijeron que le quedaba una hora con su bebé y que luego tendría que entregarla a una pareja de acogida.
“Fue la mejor hora de mi vida”, dijo Bronlund. “La abracé y la sentí contra mí”.
Le susurró a su hija que la quería más que a nada en la Tierra y que lucharía por ella en todo momento, día y noche.
Y luego la envolvió en una manta, entregó Aviaja-Luuna a su madre y vio cómo se la llevaban.
Jeffrey Gettleman es un corresponsal internacional radicado en Londres que cubre sucesos a nivel mundial. Ha trabajado para el Times por más de 20 años.