Washington— El proyecto de ley masivo de recortes fiscales y de gastos del presidente Donald Trump fue aprobado el jueves temprano y tiene como pieza central $170 mil millones para la represión migratoria de la administración, ayudando a cumplir la promesa de campaña del presidente de 2024 de deportaciones masivas de personas sin estatus legal permanente.
La medida, aprobada por la Cámara 218-214, cumpliría varias de las prioridades clave de inmigración de Trump, como reforzar la seguridad fronteriza, aumentar la capacidad de detención migratoria y agregar tarifas a las vías legales para la inmigración, entre otras cosas. Miles de oficiales adicionales de Inmigración y Control de Aduanas están programados para ser contratados.
Mientras que la mayoría de las disposiciones relacionadas con inmigración en el proyecto de ley masivo expandirían vastamente la aplicación de la ley migratoria, también busca limitar los beneficios actualmente extendidos a algunos inmigrantes con estatus legal.
Los inmigrantes con estatus legal, incluyendo asilo, bajo el proyecto de ley serían inelegibles para recibir asistencia alimentaria a través del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, o SNAP. Los inmigrantes sin estatus legal o autorización para estar en el país ya son inelegibles para los beneficios de SNAP, de los cuales dependen aproximadamente 42 millones de personas.
El proyecto de ley también podría cortar los beneficios fiscales de familias de estatus mixto, en las cuales los miembros de la familia tienen diferentes estatus migratorios.
Por ejemplo, mientras que los republicanos aumentarían el crédito fiscal por hijo (CTC) a $2,200 por hijo elegible, el proyecto de ley excluiría ese beneficio a niños ciudadanos estadounidenses que nacen de padres inmigrantes sin estatus legal. La propuesta requeriría que el padre que solicita el crédito fiscal por hijo también tenga un número de Seguro Social.
El megaproyecto de ley de 870 páginas fue aprobado por el Senado 51-50 el martes, con el vicepresidente JD Vance emitiendo un voto de desempate.
Aquí hay un resumen de lo que más hará el proyecto de ley:
Aplicación de la ley migratoria
Inmigración y Control de Aduanas, que depende del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, sería la agencia de aplicación de la ley con mayor financiamiento en el país, con casi $30 mil millones hasta septiembre de 2029.
Esos fondos se destinarían a contratar 10,000 oficiales de ICE dentro de cinco años. El dinero también pagaría por bonos de retención, transporte de inmigrantes, mejoras de instalaciones de ICE, detención de familias, y la contratación de abogados de inmigración de ICE para procedimientos de aplicación y remoción en Corte de inmigración.
Se otorgaría un bono de firma de ICE a aquellos contratados después de que el proyecto de ley sea firmado en ley, y como bono de retención si un agente de ICE tiene cinco años de servicio específicamente tratando con aplicación de la ley migratoria. El proyecto de ley no especifica cuánto debería ser un bono de firma o bono de retención.
La versión del Senado proporciona a ICE flexibilidad adicional en qué áreas asignar los casi $30 mil millones.
Financiamiento del DOD
Separadamente de ICE, el proyecto de ley incluiría $1,000 millones para el Departamento de Defensa para desplegar personal militar para operaciones relacionadas con la frontera, construcción y detención temporal en instalaciones militares.
En abril Trump dirigió a varias agencias a comenzar a militarizar un tramo de la frontera Sur mientras continúa entrelazando al Ejército de Estados Unidos con la represión migratoria de su administración.
Se creó una zona militar de amortiguamiento a lo largo de la frontera Estados Unidos-México en Arizona, California y Nuevo México. Esto significa que cualquier migrante que cruce a Estados Unidos estaría invadiendo una base militar, y por lo tanto permite que las tropas en servicio activo los detengan hasta que lleguen los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.
Expertos nacionales y militares han expresado preocupaciones de que militarizar esa franja de tierra podría violar la Ley Posse Comitatus, una ley de 1878 que generalmente prohíbe que el Ejército sea usado en la aplicación de la ley doméstica.
Adicionalmente, la administración Trump el mes pasado desplegó 4,000 miembros de la Guardia Nacional y 700 marines a Los Ángeles, en medio de grandes protestas que surgieron después de que los agentes de inmigración comenzaran a atacar a jornaleros en Home Depots para la aplicación de la ley migratoria.
Detención
El proyecto de ley reserva $45 mil millones para construir nuevos centros para detener inmigrantes, desde individuos solteros hasta familias. Es un aumento de más del 300% del presupuesto del año fiscal 2024 de ICE para detener inmigrantes, que fue de aproximadamente $9 mil millones.
Construir nuevos centros de detención toma tiempo, por lo que las compañías de prisiones privadas como CoreCivic y GEO Group probablemente entrarán en más contratos con ICE.
Esas compañías han comenzado a expandir la capacidad de detención. CoreCivic el mes pasado adquirió una instalación de 736 camas en Virginia y GEO este mes compró una instalación de 770 camas en el Oeste de California.
Seguridad fronteriza
El proyecto de ley asignaría $46 mil 600 millones para Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos para construir un muro a lo largo de la frontera Estados Unidos-México, así como hacer cualquier reparación. Eso sería más de tres veces lo que la primera administración Trump gastó en barreras en la frontera Sur, aproximadamente $15 mil millones.
Parte de la tecnología que se agregaría en la frontera incluye cámaras, luces, sensores y otras mejoras de detección. Los fondos se usarían comenzando el año fiscal 2025 hasta el 30 de septiembre de 2029.
Otros $4 mil 100 millones se destinarían a contratar personal de CBP, hasta el final de septiembre de 2029. Otros $2 mil millones se destinarían a retención y bonos para personal de CBP.
El proyecto de ley también reservaría $855 millones para la reparación de vehículos que usan los oficiales de CBP. Los republicanos incluyeron $5 mil millones para mejoras y reparaciones en instalaciones de CBP.
Adicionalmente, $6 mil 100 millones se destinarían a comprar equipo no intrusivo para detectar narcóticos ilícitos en puertos de entrada a lo largo de las fronteras Suroeste, Norte y marítimas.
También, cualquier inmigrante sin autorización legal y que sea aprehendido en un puerto de entrada estaría sujeto a una multa de $5,000.
Actualmente hay una multa civil que va desde $50 a $250. Los solicitantes de asilo típicamente se entregan en puertos de entrada.
Vías legales de inmigración, tarifas de solicitud
El proyecto de ley daría al Departamento de Justicia aproximadamente $3 mil 300 millones para la Oficina Ejecutiva para Revisión de Inmigración para procesar asuntos de inmigración, como votación de no ciudadanos –algo que es extremadamente raro– y violaciones de la Ley de Registro de Extranjeros.
En abril, la secretaria de DHS Kristi Noem anunció que los inmigrantes en el país sin autorización legal estaban obligados a registrarse con la agencia o enfrentar tiempo en prisión y una multa de hasta $5,000.
El proyecto de ley también proporcionaría financiamiento para la contratación de jueces de inmigración, pero limitará el número de jueces a 800. Hay aproximadamente 700 ahora, en medio de un atraso de 3.5 millones de casos en Corte de inmigración, según el Archivo de Acceso a Registros Transaccionales, o TRAC.
El proyecto de ley también reformaría las tarifas de inmigración y tarifas de solicitud para inmigrantes que buscan vías legales, tanto permanentes como temporales.
Por primera vez, habría una tarifa para solicitar asilo, establecida en $100. No hay exenciones de tarifas para casi todas las nuevas tarifas establecidas o aumentadas por el proyecto de ley, excepto para solicitudes que tratan con menores no acompañados. Todas las tarifas también estarían sujetas a ajuste por inflación.
Los solicitantes de asilo que quieren solicitar permisos de trabajo iniciales también tendrían que pagar otra tarifa de $550, algo que actualmente es gratis.
Para un solicitante de asilo que quiere renovar permisos de trabajo, el proyecto de ley reduciría el costo a $275, donde actualmente es $470 para renovar en línea y $520 para enviar por correo los documentos.
Para inmigrantes en Estatus de Protección Temporal, lo que significa que el secretario de DHS ha considerado que el país natal del inmigrante es demasiado peligroso para regresar, la tarifa para solicitar sería $500. Actualmente es $50.
La tarifa para solicitar alivio humanitario aumentaría a $1,000, donde actualmente es $630.
El proyecto de ley aumentaría ligeramente la tarifa inicial de solicitud de trabajo para portadores de TPS y aquellos con estatus humanitario a $550, desde una tarifa de $470 por presentar en línea y $520 por enviar por correo los documentos.
Para renovar esos permisos de trabajo, el proyecto de ley reduciría el costo a $275, desde $470 por en línea y $520 por correo.
La visa de no inmigrante, que actualmente es gratis y manejada por el Departamento de Estado, ahora costaría $250 bajo el proyecto de ley. Esta visa es típicamente usada para estudiantes internacionales, trabajadores agrícolas y otra mano de obra inmigrante especializada.
Niños inmigrantes no acompañados
Parte de los $2 mil millones en financiamiento para DHS se destinarían a remover niños no acompañados bajo ciertas circunstancias. Eso incluye si el niño es encontrado cerca de un puerto de entrada, no es víctima de tráfico humano, y no teme regresar a su país natal.
El proyecto de ley también proporcionaría un fondo de $300 millones para la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), que maneja niños no acompañados, para conducir verificaciones de antecedentes y estudios de hogar en cualquier patrocinador potencial de un niño no acompañado.
También habría financiamiento para verificar a niños bajo custodia de ORR por su potencial historial criminal y de pandillas. Aquellos de 12 años en adelante estarían sujetos a exámenes “para tatuajes relacionados con pandillas y otras marcas relacionadas con pandillas”, según el proyecto de ley.
La visa especial de inmigrante juvenil, que es para niños inmigrantes que son abandonados o abusados por un padre, y les permite solicitar estatus de residente permanente legal, ahora costaría $250 bajo el proyecto de ley, pero la tarifa podría ser exonerada. Actualmente es gratis.
Subvenciones estatales, Copa Mundial y Olimpiadas
El proyecto de ley también daría a algunos estados $450 millones para el Programa de Subvenciones Operation Stonegarden, que da financiamiento a estados y gobiernos locales que participan en la aplicación de la ley fronteriza.
El proyecto de ley ayudaría a estados que están organizando eventos deportivos importantes como la Copa Mundial en 2026 y las Olimpiadas en 2028.
El proyecto de ley asigna $625 millones para seguridad y otros costos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA y $1,000 millones para costos de seguridad y planificación para las Olimpiadas, que Los Ángeles organizará en 2028.