A tan sólo semanas del inicio del ciclo escolar 2025-2026, madres de familia y líderes comunitarios del sector Centro-Sur de El Paso alzaron la voz en defensa de la educación de sus hijos y exigieron al Distrito Escolar Independiente de El Paso (EPISD) garantizar que las escuelas del barrio estén listas para recibir a cientos de nuevos estudiantes el próximo 4 de agosto.
Durante una conferencia de prensa realizada frente a los renovados departamentos Salazar y la Escuela Primaria Douglass, integrantes del comité Familias Unidas por la Educación denunciaron la negligencia educativa y discriminación racial en contra de los alumnos.
La reapertura del complejo habitacional Rubén Salazar, que albergará a cerca de 287 familias, podría representar la llegada de entre 500 y 600 nuevos alumnos a escuelas ya saturadas: la primaria Douglass, la Guillen Middle School y la Bowie HS.
Líderes comunitarios afirman que EPISD no ha tomado ninguna medida preventiva para enfrentar este aumento.
“Cada año es lo mismo. Las escuelas inician sin maestros suficientes, sin consejeros, sin personal y sin programas de apoyo. Estamos cansados de las excusas”, denunció Hilda Villegas, madre de familia y vocera de Familias Unidas del Chamizal.
Villegas recalcó que la falta crónica de recursos no sólo afecta la logística escolar, sino que impacta directamente en el desarrollo académico y emocional de los estudiantes. “Estamos viendo un daño real. De más de 300 jóvenes que se gradúan de Bowie, apenas 28 están listos para ingresar a la universidad o al mundo laboral. Eso es menos del 10%. Es una tragedia educativa”, lamentó.
Según Villegas, el cierre de escuelas como Zavala y Beall ha reducido significativamente los espacios disponibles en la zona, lo cual agrava la saturación de salones y limita las opciones para los estudiantes más pequeños. “No puedes esperar a que lleguen los niños para actuar. Esto requiere planificación, y hasta ahora no hay señales de eso”, subrayó.
Recursos sin garantía de equidad
Este año, Texas anunció una histórica asignación de fondos para las escuelas públicas. El paquete incluye recursos para preescolar de jornada completa, aumentos salariales para docentes, personal de apoyo, programas de educación especial y seguridad escolar. No obstante, los padres del Chamizal temen que estos recursos no lleguen a las escuelas de su comunidad, históricamente marginadas en la distribución presupuestal.
Brittany Medellín, también integrante de Familias Unidas, cuestionó la falta de infraestructura y personal en Douglass Elementary, a pesar de que se anticipa una fuerte demanda.
“Cuando se cierra una escuela como Beall sin un plan real para absorber a los alumnos en otras, lo único que se consigue es colapsar el sistema. Y ahora que vienen más niños, ni siquiera lo quieren reconocer”, afirmó.
Medellín añadió que los problemas que hoy se evidencian en Bowie High no comienzan en la adolescencia, sino que se gestan desde la educación básica. “Las deficiencias en primaria, la saturación de aulas y la falta de programas adecuados tienen un efecto en cadena. Es ahí donde debemos intervenir si queremos ver un cambio real”, subrayó.
Llamado a la acción
Ambas voceras coincidieron en que no es posible improvisar ante la magnitud del problema. Por ello, convocaron a una jornada de apoyo comunitario ayer jueves frente a la ex primaria Beall, a las 6:00 p.m., con el objetivo de apoyar a las familias en el registro escolar.
“EPISD dice que no puede asignar recursos si no hay niños registrados, pero ¿cómo se van a registrar si no hay acompañamiento? Queremos que todos los niños del barrio estén inscritos antes del 4 de agosto, para que las escuelas no tengan excusa alguna”, puntualizó Villegas.
Soportando los inclementes rayos del sol, el grupo de activistas y padres de familia hicieron un llamado urgente a la administración de EPISD y a las autoridades estatales para que prioricen a las comunidades vulnerables y atiendan el rezago histórico que ha mantenido a cientos de estudiantes del Sur de El Paso en una situación de desventaja educativa.
“Esto no es sólo una exigencia por recursos. Es una demanda por justicia. No podemos seguir condenando a nuestros hijos a generaciones de pobreza sólo porque el sistema no quiere verlos”, apuntó Villegas.
Auditoría revela brechas
La organización comunitaria señaló que el patrón de alimentación de Bowie, donde la mayoría de los estudiantes proviene de familias de bajos recursos, concentra los niveles más altos de pobreza y necesidad en todo el distrito. Sin embargo, este mismo patrón es el que recibe menos apoyo institucional.
Una auditoría de equidad ordenada por un tribunal en 2022, tras un acuerdo de conciliación entre EPISD y Familias Unidas, reveló profundas brechas. Sin embargo, denuncian que la administración anterior del Distrito diluyó intencionalmente los hallazgos para evitar redirigir fondos a las escuelas del barrio.
“Esa auditoría debía representar un paso hacia la justicia educativa, pero fue manipulada. A dos años, no hemos visto cambios significativos”, dijo Villegas al remarcar las realidades alarmantes en Bowie High School:
• El 94% de sus estudiantes están clasificados como “en riesgo” de abandonar la escuela.
• El 74% no se encuentra en el nivel académico correspondiente a su grado.
• Sólo un 9% está preparado para ingresar a la universidad o al mercado laboral.
• Más del 7% de los alumnos ya abandonó la escuela.
Efectos del hacinamiento
La falta de infraestructura y recursos en Douglass Elementary es un reflejo de esta desigualdad. A pesar del aumento esperado de matrícula debido al programa de Pre-K de jornada completa y a la llegada de familias a Salazar, el plantel no cuenta con el espacio físico necesario ni con suficientes maestros certificados o programas especializados.
“El hacinamiento ya es una realidad. Y el Distrito no ha presentado ningún plan de acción. Estamos dejando que los niños crezcan en ambientes tóxicos, en aulas sobrepobladas, con estrés crónico y sin atención emocional”, denunció Villegas, citando estudios del Centro del Niño en Desarrollo de la Universidad de Harvard que advierten sobre los efectos devastadores del estrés tóxico infantil.
Las familias también denunciaron que el currículo que se ofrece en estas escuelas es limitado y no prepara a los estudiantes para el siglo XXI. Mientras en otras escuelas de EPISD se imparten programas especializados en Ciencia, Ingeniería o Medicina, los alumnos del Sur enfrentan un enfoque mínimo, centrado sólo en lograr un GED.
“Es una forma de racismo estructural. A nuestros hijos no se les da la oportunidad de aspirar a más. Se les entrena para sobrevivir, no para sobresalir”, agregó Medellín.
En su denuncia, las familias del barrio exigieron justicia educativa, equidad en la distribución de recursos y un compromiso real por parte de EPISD. “Cada niño en El Paso merece aprender en un entorno seguro, digno y estimulante. Ya no podemos seguir permitiendo que el código postal determine el futuro de nuestros hijos”, dijo Villegas.
Con tono de preocupación, remató: “Nuestros hijos no pueden esperar más”.