Más de 61 millones de pesos de recursos federales fueron entregados a empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS) o “empresas fantasma” entre 2008 y 2019 en Chihuahua, principalmente durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, de acuerdo con datos de CompraNet y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La base de datos sincretizada por el Observatorio de la Corrupción e Impunidad (OCI), del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y Quinto Elemento Lab, y analizada por El Diario, muestra que los 61 millones 187 mil 430.50 pesos de los que no existe evidencia de que fueron gastados correctamente fueron entregados en 32 contratos distintos.
De esos contratos, 11 fueron entregados a Grupo Fritag S. A. de C. V., empresa catalogada en 2020 como EFOS por el SAT, pues no pudieron comprobar contar con instalaciones, equipo o personal suficiente para cumplir con los contratos que firmaron, por los que, no obstante, recibieron 18 millones 80 mil 278 pesos.
Ante el Registro Público de Comercio, la empresa se encarga de compra, venta, manufactura, ensamble, fabricación, diseño, procesamiento, importación, exportación, comercialización de todo tipo de productos, aunque también precisaron como objeto social la explotación de billares y máquinas para casinos, la operación de centros nocturnos, consultorías en turismo, gestiones de propiedad industrial y derechos de autor.
La empresa fue contratada 11 veces entre 2014 y 2015, bajo programas federales de apoyo a universidades tecnológicas, a educación media superior y superior, a la Policía, escuelas de tiempo completo, e inclusive programas de prevención del delito.
En cuatro de estos contratos la adjudicación fue directa (no hubo competencia, sino que el Gobierno dio directamente el contrato Fritag), mientras que en otros cuatro casos hubo licitación pública pero limitada a tres participantes que invita el mismo Gobierno. Las otras tres fueron licitaciones públicas.
Se adquirieron equipos de cómputo para la Fiscalía General de la República (FGR), para el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecati) 189 (en Parral), y mobiliario más equipos para la Universidad Pedagógica Nacional de Chihuahua.
Dicha empresa es dirigida por Juan Carlos Aguilera Gutiérrez y Jaime Agustín Fong Ríos, y se encuentra señalada dentro de las investigaciones de la Operación Justicia para Chihuahua, pues quien fungía como director general de administración de la Secretaría de Hacienda del Estado, Gerardo Villegas Madriles, se encontraba también en el acta constitutiva de Fritag.
Grupo Fritag se encuentra catalogada como empresa fantasma con la que se desviaron recursos de la administración de César Duarte Jáquez, en una red de corrupción documentada por la Fiscalía General del Estado (FGE) en 2017. Además, es señalada como una de las que el notario público número 4 del estado, Luis Raúl Flores Sáenz, permitió constituirse.
Fong Ríos, accionista de la empresa, es sobrino político de Duarte Jáquez, y fue acusado de peculado ante un juez estatal en 2017.
Empresa poblana factura
7.6 mdp; no tiene oficinas
La segunda empresa con más contratos en el período 2008-2019 es Medical & Technical Books S. A. de C. V., empresa presuntamente ubicada en la ciudad de Puebla, pero que en realidad no tiene datos de ubicación precisos.
La última dirección que proporcionaron fue visitada por Quinto Elemento Lab en mayo de 2024, y ahí encontraron “una antigua casa de clase media con un despacho en la planta baja”, donde vivían personas que se sorprendieron al ser cuestionadas sobre la empresa. Dijeron que hace cinco años que la empresa no estaba ahí.
En Chihuahua, la empresa se llevó siete contratos. En seis de los casos no hay pruebas de que hicieron o dotaron de los productos para los que fueron contratados. El séptimo contrato sí tiene pruebas, pero según Quinto Elemento, es sólo un listado con los libros y revistas especializadas que compró la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), y no hay fotografías de los libros.
Para eso fueron contratados las siete veces: para libros y revistas, todas las veces a solicitud de la UACJ. Seis de ellas entre 2013 y 2016 (en el sexenio de Peña Nieto y el de Duarte Jáquez) y una con Andrés Manuel López Obrador al frente del Gobierno federal. En total, recibieron 758 mil 725 pesos.
Lista negra del SAT
En octubre de 2021, el SAT puso en su “lista negra” de EFOS a Imperio Constructor 180 de Chihuahua S. A. de C. V., empresa que para entonces ya había recibido 14 millones 781 mil 892 pesos del Gobierno federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Chihuahua, en cinco contratos en el período de Duarte Jáquez y uno en el de Javier Corral Jurado.
El supuesto mantenimiento en las carreteras de Chihuahua a Sonora y de Jiménez a Chihuahua, así como el relleno de deslaves y construcción de gaviones en el kilómetro 241+100 de una carretera no precisada, fueron los trabajos realizados.
La empresa, que tiene como accionistas a Carlos Julián Enríquez Armendáriz y Adriana Paola Acosta Chavira, se constituyó en 2013, y para 2015 ya estaba trabajando para el Gobierno estatal.
Otras empresas tuvieron menos contratos, pero cantidades significativas de dinero público erogado. Todas fueron consideradas EFOS por el SAT entre 2017 y 2018, pero para entonces ya habían recibido 27 millones 566 mil 534 pesos del Gobierno federal a través de programas de detección de fugas, construcción de sistemas de agua potable, edificios del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyt) 14 (en Juárez), juguetes didácticos, mobiliario y cómputo, y “diversos bienes”, contratadas por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Delicias en 2008, por la Junta Central en el mismo año, por la Comisión Nacional del Agua en 2012, y por el Gobierno del Estado de 2013 a 2015 a través del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa y la Secretaría de Hacienda, así como la Presidencia municipal de Chihuahua en 2015.
Persiste la
contratación de EFOS
La contratación de EFOS persiste, de acuerdo con Quinto Elemento Lab, pese a que el SAT advierte del problema fiscal que representan.
El trabajo especial “Fantasmas del Erario”, disponible en la página de Quinto Elemento, señala que no hay ninguna ley que castigue empresas fantasma, ni que castigue como corrupción cuando un ente público las contrata, sino que se investiga como “peculado”.