Salvador Humberto S. V. M., alias “El Verín”, fue vinculado a proceso ayer por el juez Roberto Antonio Alcoverde Martínez, quien dio dos meses de plazo para que la Fiscalía realice la investigación complementaria en contra del presunto integrante del Cártel de Sinaloa, acusado de delincuencia organizada, portación de armas de uso exclusivo del Ejército y narcomenudeo.
Durante este tiempo, el imputado, también conocido como “El Señor de la V”, permanecerá internado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) No. 1 de Aquiles Serdán, al igual que Ángel R. G.; mientras que María Guadalupe Q. A. estará en el Cereso Femenil. Éstos dos últimos fueron detenidos junto con Salvador Humberto S. V. M. el pasado martes 15 de julio en la capital.
La audiencia inicial de los tres detenidos fue realizada en dos partes, la primera -como señala el procedimiento- fue 48 después de la detención; sin embargo, fue pospuesta hasta el pasado lunes y continúo ayer.
El presunto lugarteniente del Cártel de Sinaloa en la capital arribó a la audiencia, junto sus dos acompañantes y escoltado por agentes de la Guardia Nacional.
La sesión fue desarrollada en la Sala 1 de juicios orales del Centro de Justicia Penal Federal y estuvo presidida por el juez de Distrito, Roberto Antonio Alcoverde Martínez, en funciones de juez de Control.
Comenzó con media hora de retraso debido a que los imputados tuvieron que hablar con su abogada, Blanca Ascencio Sías, quien solicitó previamente al juzgador un tiempo de espera para que concluyeran un peritaje que presentarían como dato de prueba.
Asimismo, solicitó tiempo para que ingresara el abogado Emanuel Eduardo Aguirre Balderrama, quien asumiría la defensa de Salvador Humberto y Ángel, ya que indicó existiría un posible conflicto de interés con ella, y que sólo se haría cargo de la defensa de María Guadalupe. El juez concedió un receso de tres horas y posteriormente comenzó la audiencia.
La defensa alegó que la detención fue armada y señaló una serie de inconsistencias en el proceso de detención.
Llamaron a declarar a la perito en informática, Alba Nidia Blanco Badillo, quien acudió al domicilio en donde arrestaron a “El Verín”, ubicado en el fraccionamiento Riscos del Ángel, en búsqueda de dispositivos de grabación que hubieran capturado los hechos.
Sin embargo, la perito –que fue señalada por la representante de la Fiscalía, Melisa Martínez, por no ser especialista en criminalística– dijo que no encontró ningún dispositivo y que habían cortado los cables de internet, pero que había encontrado aspectos diferentes y contradictorios a lo que fueron asentados en el acta circunstancial.
La defensa citó como testigos a varios de los agentes y peritos que estuvieron en el cateo, pero ninguno pudo asistir debido a que realizaban diligencias en Sinaloa y Michoacán.
Además, los tres acusados rindieron declaración y fueron cuestionados por la defensa, pero rechazaron contestar preguntas de la Fiscalía, apegados a su derecho de no autoincriminarse.
El alegato fue centrado en que la acusada Mary dijo que fue sustraída de otra vivienda, ubicada en Álamos 9725, en donde dijo vivir al lado de sus dos hijas y eventualmente se quedaba la hija de “El Verín”.
Sin embargo, en la carta de circunstancias establecen que los tres detenidos estaban en el domicilio cateado, tesis que debatieron los abogados defensores a través de varios documentos.
Luego cuestionaron a los peritos que intervinieron en el cateo en donde habían encontrado dos armas, una de uso exclusivo del Ejército y 400 dosis de metanfetamina-cristal, mismos que el imputado negó haber tenido, salvo una de las pistolas.
Después de un intenso debate entre las partes que se prolongó hasta la una de la mañana del 22 de julio, el juez volvió a dar una hora de receso para dar una resolución. La defensa pidió la no vinculación a proceso de Salvador Humberto y de Ángel, debido a que el abogado dijo que se trataba de una captura fabricada con una serie de violaciones a los derechos humanos.
Lo mismo solicitó la abogada de María Guadalupe, quien además pidió que aplicaran y juzgaran bajo el criterio de violencia de género, ya que había sido víctima del imputado, sustraída de su hogar y llevada a la fuerza al lugar de cateo. Este argumento fue contrarrestado por la fiscal, aduciendo que era absurdo que se detuvieran en un domicilio para llevarla a otro. (Ismael Carrillo / El Diario)