Ciudad Juárez.- Un análisis sobre la evolución de las deudas subnacionales con respecto a los recursos que reciben los estados a través de las participaciones, muestra que Chihuahua es el segundo con el mayor decremento en este indicador.

“Se distinguen cinco entidades federativas por registrar las reducciones más pronunciadas en dicho indicador, a saber: Quintana Roo, cuyo indicador pasó de 247.3 por ciento en 2016 a 101.6 por ciento en el segundo trimestre de 2025, lo que equivale a una disminución de 145.7 puntos porcentuales. A ésta le sucede Chihuahua, con una reducción de 113.7 puntos porcentuales (de 242.8 a 129.1 por ciento en el período de análisis)”, indica.

La revisión fue realizada por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), un órgano dependiente de la Cámara de Diputados y el cual explica que la relevancia de lo medido es que cuantifica la proporción de los recursos del Ramo 28 que sería necesario destinar para la amortización de cada deuda.

“Dentro de los ingresos que los gobiernos subnacionales perciben por concepto de gasto federalizado, se encuentran los recursos correspondientes al Ramo 28, denominado ‘Participaciones a Entidades Federativas y Municipios’”, dice.

“Estos ingresos son catalogados como de libre disposición, lo cual faculta a las entidades públicas para utilizarlos como garantía o fuente de pago para el cumplimiento de sus obligaciones financieras”, agrega.

Después de Chihuahua, señala el CEFP, los estados que más bajaron esta proporción son Coahuila, con una contracción de 220 por ciento a 119.9; Sonora, de 156.3 a 86.5, y Veracruz, 132.5 a 64.2 por ciento.

El documento, difundido el pasado viernes, muestra que, en promedio, los 30 estados que presentan deuda pública tienen comprometido el 52.3 por ciento de las participaciones, mientras que, en 2016, esta cifra era de 82 por ciento.

“Esta trayectoria descendente puede atribuirse, en gran medida, a la implementación de reglas y controles de disciplina financiera aplicables a las finanzas públicas subnacionales, establecidas en el marco de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, vigente desde abril de 2016”, dice.

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