Las instituciones educativas privadas de nivel preparatoria están en una clara desventaja frente a las escuelas de gobierno. Las oportunidades que pueden ofrecer las particulares se ven opacadas por las disposiciones de albergar a todo estudiante por parte de las escuelas públicas.
Sobre todo, en las instituciones del suroriente de la ciudad, los estudiantes están en salones con sobrecupo, hacinados, 50 alumnos y si es posible más, creando un entorno antipedagógico y, sobre todo, incómodo para los estudiantes.
Un profesor con 50 alumnos es considerado que no cumple con las mínimas expectativas de ofrecer un buen aprendizaje a tal número de alumno, mucho menos de revisar las tareas o los trabajos de todos los estudiantes por grupo, es impensable, hay docentes que cuentan con 30 horas a la semana, y hasta 6 o más grupos. Es la locura.
Escuelas secundarias han ofrecido convertirse en preparatorias por la tarde, y con ello dar el servicio a cientos de alumnos que no fueron aceptados en determinado colegio de gobierno, llámese Bachilleres, C.b.t.i.s o Conalep. De esa forma han copado todos los espacios posibles, aunque no de la mejor manera, pues no están en las condiciones para albergar tanto alumno de la noche a la mañana.
Si ofrecen dar el servicio a 500 alumnos más, aparte de los que aceptaron, es necesario tener nuevos espacios, infraestructura y contratar mayor cantidad de profesores que cumplan con el perfil de cada materia. Ante tal situación, hay planteles que han eliminado centros de cómputo o espacios de recreación para convertirlos en aulas. Así han sido las nuevas disposiciones.
Por otro lado, las escuelas privadas, de mediano alcance, tratan de sobrevivir con los pocos alumnos que logran captar, esperando ver si llegan los alumnos que no encontraron espacio en las oficiales. A cuenta gotas llenan un salón de clase. Pero, lo difícil les está por venir.
Estos liceos, aun con la baja cantidad de alumnos, deben pagar a los trabajadores al igual que los impuestos federales, estatales y municipales. Tener cada año los documentos de protección civil en orden, además de ser un trámite tardado y engorroso, llega a costar una cantidad aproximada de 60 mil pesos todo el proceso, si no se logrará cumplir dicho requisito, la amenaza de cierre de la institución es una amenaza latente. Con eso de navega cada periodo.
De la misma forma, también son sujetos a inspecciones por parte de la Secretaría de Educación y Deporte del Gobierno Estatal, debiendo cumplir con las disposiciones, requisitos y lineamientos impuestos por dichos entes de Estado que regulan su actuar y manejo de los asuntos escolares. No es poca cosa, se requiere de trabajo, igual que una escuela de gobierno.
No solo eso, estos colegios les dan empleos a determinada cantidad de personas, administrativos, limpieza y docentes, los cuales viven de ese sueldo. Son parte activa de la economía de la sociedad juarense, y por tal motivo, también merecen ser tomados en cuenta. Así como son sujetos a las obligaciones que son exigidos, ameritan un apoyo por parte de las autoridades. No solo usar el azadón para quitarles lo poco.
Es necesario tomar en cuenta a estas instituciones educativas privadas, sobre todo las de “medio pelo”, diseñar una coalición de trabajo, que, de soporte a la sobredemanda de estudiantes y sean tomadas en cuenta dándoles la oportunidad de seguir sirviendo. Es mucha su labor y merecen respeto, deben ser tomadas en cuenta.