El país entero está hablando de huachicol fiscal. No se trata de un término nuevo, pero sí de uno que con cada investigación adquiere mayores dimensiones de escándalo. Cuando en México se mencionaba la palabra huachicol, pensábamos en los campesinos que arriesgaban la vida para extraer gasolina de ductos perforados clandestinamente. Ese era el relato clásico, el que asociaba la práctica con la pobreza y la marginalidad. Hoy sabemos que esa imagen está incompleta, incluso distorsionada.
El huachicol fiscal es otra cara del mismo fenómeno, pero más sofisticada y dañina: no se perforan ductos, se perforan leyes; no se escapa gasolina por una válvula clandestina, sino millones de pesos por facturas falsas, empresas fantasma y complicidades de funcionarios.
Este huachicol se viste de legalidad, opera en oficinas climatizadas y tiene el respaldo de redes empresariales con vínculos en puertos, aduanas y, lo más grave, en mandos militares y servidores públicos. Es un cáncer silencioso que devora al Estado desde adentro y que, por años, ha sido tolerado o minimizado bajo el manto de la opacidad.
Las cifras son demoledoras. En 2024, el erario dejó de percibir alrededor de 177 mil millones de pesos por concepto de IEPS e IVA no pagados en combustibles introducidos de contrabando. Esa cifra equivale a 485 millones de pesos diarios ¡terrible! Si sumamos lo perdido desde 2018, estamos hablando de más de 800 mil millones de pesos, un boquete fiscal tan profundo que bastaría para financiar presupuestos enteros de salud o educación en varias entidades del país, incluyendo nuestra Chihuahua.
Esta semana, la Fiscalía General de la República reveló que existen 555 empresas y ocho puertos implicados en el huachicol fiscal: Altamira, Veracruz, Ensenada, Mazatlán, Guaymas y Cancún que son destinos turísticos, centros de comercio y, ahora, corredores del saqueo. La investigación señala incluso a altos mandos de la Marina que permitieron descargas ilegales y manipularon rutas marítimas.
Lo más indignante es que se habla de un entramado que involucra empresarios, autoridades portuarias, agentes aduanales, mandos militares, entre otros. El caso de Cristian Noé Amaya Olvera, detenido en Tamaulipas y vinculado al decomiso de 8.8 millones de litros de diésel, muestra la magnitud del negocio, basta con revisar los predios completos destinados al almacenamiento, tractocamiones rotulados y una red logística que funciona como una empresa criminal perfectamente estructurada.
En este sentido, Chihuahua no es ajeno, en abril de este año, la FGR aseguró en Ciudad Juárez tractocamiones, remolques, mangueras de presión y decenas de miles de litros de combustibles ligados a cuatro empresas locales. La carpeta FED/CHIH/JUA/000663/2025 (fuente: Gabriela Minjares) documenta la operación y mantiene bajo resguardo predios y unidades. Se nos quiere hacer creer que este problema solo ocurre en puertos lejanos, pero la realidad es que ya está en nuestra frontera.
La situación es aún más preocupante porque Juárez, por su condición fronteriza, es terreno fértil para estas prácticas. El contrabando de combustibles encuentra rutas propicias en el cruce internacional, en la debilidad de los controles aduaneros y en la porosidad de la frontera. Lo que se tolera hoy -no haciendo nada- puede convertirse mañana en un mercado paralelo de combustibles que no solo daña al erario, sino que destruye a los empresarios locales que cumplen con la ley.
Los recursos que se pierden en este saqueo invisible son los mismos que podrían destinarse a tantas casusas y necesidades, cada litro de gasolina que entra sin pagar impuestos es un peso menos para la infraestructura de Chihuahua, para la seguridad de nuestras calles en Juárez o para programas sociales que podrían cambiar vidas. Mientras tanto, los empresarios enfrentan competencia desleal, destruyendo así, el tejido empresarial formal y se incentiva la informalidad-corrupción.
No podemos pasar por alto el impacto institucional porque escuchar que un vicealmirante o un capitán de fragata están implicados en la red de huachicol fiscal, erosiona la confianza en el Estado de derecho. Se instala la idea de que la corrupción es estructural, que las reglas solo aplican para los débiles y que quienes tienen poder pueden transgredir la ley sin consecuencias. Dicho pensamiento colectivo provoca un mayor problema porque mina la legitimidad de las instituciones democráticas.
Y a todo esto, ¿qué han dicho nuestras autoridades locales? ¿Qué posición han asumido frente a las evidencias de que el huachicol fiscal ya opera en Chihuahua? Hasta ahora, sin una respuesta puntual. No basta con conferencias de prensa o con declaraciones generales sobre la lucha contra la corrupción, es necesario una postura firme, un plan específico de coordinación entre autoridades estatales, municipales y federales.
Ahora bien, sobre las instituciones, nuestro Congreso debería exigir informes detallados sobre las pérdidas fiscales en Chihuahua derivadas del huachicol fiscal, así como, la Auditoría Superior debe revisar los ingresos y detectar porosidad fiscal, respecto a la Fiscalía debe actuar con independencia, sin filtrar investigaciones a conveniencia política ni ocultar a los responsables.
No podemos seguir normalizando que el crimen organizado y la corrupción se apoderen de sectores estratégicos como el energético. Tampoco podemos resignarnos a que Juárez sea visto como un simple punto de paso para mercancías ilegales. Somos una ciudad con historia, con carácter y con instituciones que deben fortalecerse, no debilitarse.
Sin duda, es el momento que Ciudad Juárez y nuestro Estado alcen la voz ahora porque mañana será demasiado tarde. La pregunta que debemos hacernos no es si el huachicol fiscal nos afecta, sino cuánto estamos dispuestos a tolerar que se sigan saqueando nuestros recursos.