La extorsión es uno de los delitos que más lastiman a la ciudadanía, tanto en el ámbito personal como en el económico y social. Esta actividad criminal dejó una huella muy dolorosa en Juárez durante la etapa en que la extinta Policía Federal asentó sus lucrativas operaciones bajo el mando de Genaro García Luna, en la llamada “Guerra contra el Narco” de Felipe Calderón.
La extorsión ha evolucionado hasta convertirse en una rama importante del crimen organizado, por lo que la doctora Claudia Sheinbaum ha expresado públicamente una genuina preocupación para que la sociedad no normalice este crimen; sobre todo, partiendo del hecho de que no es solo un tema de seguridad, sino un delito que frena el desarrollo económico y golpea directamente al pueblo trabajador.
También es necesario resaltar la determinación de la presidenta para no permitir que este problema siga lastimando a los mexicanos de bien. No se trata solo de palabras y discursos, sino de plantear soluciones concretas y directas; por eso cobra gran importancia la reforma que permite a las autoridades perseguir de oficio el delito de extorsión. Esto va de acuerdo con la lógica de la Cuarta Transformación: tener leyes que estén al servicio del pueblo y no de los intereses particulares.
Es muy importante que los diputados, al tratarse de un campo relacionado con nuestro ámbito de competencia, comuniquemos correctamente el sentido de la reforma en materia de extorsión, sobre todo porque es necesario entender la dimensión de las acciones que se están tomando para acabar con este delito. Por eso aprovecho esta colaboración para mencionar algunos de los puntos más relevantes que dan forma a este esfuerzo.
La base de la reforma en materia de extorsión es otorgar al Congreso de la Unión la atribución para dictar una ley que unifique los criterios de definición del delito. Actualmente cada estado tiene sus propias disposiciones, lo que dificulta la acción coordinada, especialmente porque este tipo de crímenes no reconoce fronteras estatales. Una Ley General permitirá que todos los estados cuenten con las mismas reglas y se eviten los vacíos legales.
En cuanto a las penas y sanciones, al igual que las definiciones del delito, estas también varían según el estado. Con una Ley General, se homologan las penas y sanciones y se elimina la disparidad. Esto garantiza que todos los extorsionadores enfrenten las mismas consecuencias por el delito, sin importar la delimitación geográfica. No es un hecho menor, porque permite enfrentar con la misma severidad y castigo a quienes ejercen este tipo de crimen.
Si partimos del hecho de que muchas víctimas de extorsión no denuncian —ya sea por miedo, desconfianza o por considerar que es inútil—, estamos en riesgo de que la impunidad crezca. Ante esta situación, la reforma plantea la persecución de oficio: con ello, el Estado toma la iniciativa de proteger a la víctima y asume la responsabilidad de combatir el crimen sin excusarse en la falta de denuncia. Este punto en particular es fundamental para avanzar en la lucha contra este delito y, sobre todo, para motivar e incentivar la acción policial. Esto no elimina la importancia de la denuncia ciudadana para una acción rápida, pero sí refuerza la obligación de la autoridad.
Ante todo lo expuesto, no basta con homologar las condiciones de tratamiento del delito o su castigo: es necesario enfrentar la extorsión desde la raíz con medidas preventivas y de apoyo integral. Debemos poner en el centro a la víctima y a su entorno, y no solamente al delincuente. Por eso la reforma incluye medidas para atender el miedo, el daño psicológico y para romper el círculo de impunidad que durante muchos años ha sido la razón del crecimiento y evolución de esta conducta delictiva.
Existen dos puntos que debemos reconocer en este esfuerzo por erradicar el delito. Primero, la determinación de colocarlo como una prioridad nacional; y segundo, la firmeza y sensibilidad para atender una demanda social que lastima directamente a miles de familias mexicanas. Esta reforma no se queda en diagnósticos, sino que transforma la preocupación social en leyes concretas.
Es alentador que la presidenta actúe con decisión en estos temas, para que el país no caiga en una etapa donde el miedo condicione la vida diaria de los mexicanos. Actuar con institucionalidad, a través de reglas y leyes claras, muestra la voluntad política y el compromiso del Estado mexicano para que la extorsión no tenga espacio en nuestra nación.