-Ocho muertos acabaron con “la magia” del pueblo
-Desborda huachicol también a Juárez
-Súper aumentos llevarán a más desempleo
-Los Gritos sofocados
Desde el pasado fin de semana quiso el afamado torero “El Chihuahua”, Antonio García, mantener con la fuerza de la historia, de la tradición, las corridas de toros en Carretas, o Gran Morelos, o San Nicolás las Carretas.
El pueblo tiene una de las plazas más antiguas del país para el arte de la llamada tauromaquia. Para la corrida de este año, el 14 de septiembre, los opositores al “maltrato animal” habían logrado un amparo de la justicia federal que desafió “El Chihuahua”.
Advirtió que habría corrida a pesar del amparo. No contó con el otro factor que recorre el país, el estado, y desde luego, hace varios años, el mismo otrora pacífico Gran Morelos: la violencia.
El sábado, el jefe de policía del lugar asesinó a su esposa y después se suicidó. Entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, las cosas fueron igual de lejos. Se salieron completamente de “control” mientras se desarrollaba una “callejoneada”; murieron seis a balazos, dos hermanos y dos primos de apellidos Gutiérrez (aparentemente enfrentados por el control de la plaza para el Cártel de Sinaloa). Hubo otros dos muertos “circunstanciales” y al menos una decena de lesionados.
Gran Morelos está si acaso a 40 minutos de la ciudad de Chihuahua, es uno de los municipios más pequeños de los 67 que tiene el estado, pero su ubicación ha sido siempre un atractivo para las grupos delictivos:
Muy cerca de la capital y muy cerca también de Cuauhtémoc y todo el “atractivo” que éste representa como puerta de entrada a la gran cantidad de municipios serranos ubicados en la región montañosa suroeste de la entidad.
Igual que una gran cantidad de municipios del estado, en lugares como Gran Morelos, solo se requieren chispas para detonar acciones de violencia extraordinaria como la ocurrida ahora.
No porque sean lugares pequeños en población deben ser descuidados en su seguridad general. Policías ministeriales, estatales y elementos militares llegaron después de las cuatro y media de la mañana a Carretas, las llamadas telefónicas al 911 sobre la balacera empezaron desde las doce de la noche.
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Hasta ahora no ha sido el llamado huachicol fiscal, es decir, el delito de contrabando documentado de hidrocarburos a México, lo que pegue en Ciudad Juárez, pero sí hay preocupación en algunos mandos de la Guardia Nacional por el robo de combustibles de los ductos de Petróleos Mexicanos.
De tres años a la fecha, nos aseguran sin consolidar todavía las cifras, ha ido en aumento el huachicol físico, ese que se caracteriza por pinchar los oleoductos que atraviesan la entidad, desde Jiménez hasta la frontera norte, para llenar pipas y venderlas en gasolineras legales o ilegales, muy disimuladamente.
Si el delito llegó a triplicarse en un periodo en años pasados, después de que en 2019 Andrés Manuel López Obrador anunció su supuesto combate frontal al robo contra Pemex, ahora las cifras de delitos registrados oficialmente por la Fiscalía General de la República, mediante las debidas carpetas de investigación, muestran alzas todavía peores.
Antes de 2019, cuando tampoco existía la Guardia Nacional como tal, sino que estaba formándose a partir del desmantelamiento de la Policía Federal, el delito no era siquiera contabilizado como tal.
El huachicol, todavía sin ese nombre, estaba considerado, según los expertos, dentro de los delitos patrimoniales del Código Penal Federal, por lo que no existen registros confiables desagregados como para hacer comparativos válidos.
Luego, cuando comenzó a registrarse aparte como robo de hidrocarburos y sancionarse con una ley general específica, el delito no parecía significativo. Una o dos tomas clandestinas en los ductos de Pemex eran registrados en Chihuahua, principalmente en la zona norte de la capital y la entrada a Juárez.
Pero su repunte descontrolado en el sexenio de López Obrador ahora podría ser opacado por un incremento más grave, que no parece ser combatido de forma muy eficaz, a pesar del despliegue militar y de seguridad en gran parte de la entidad.
Este es un punto crítico de la estrategia de seguridad, al parecer, que en unos días podría clarificar el secretario del ramo de la administración actual, Omar García Harfuch, quien ya tiene en agenda una visita a Juárez para los próximos días.
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Ya lo advertíamos: el encarecimiento de la mano de obra está generando una economía distorsionada, donde no se crean nuevos empleos, crece la informalidad y, en consecuencia, se deteriora la capacidad del propio gasto público.
Comprar una vivienda en México, y en Ciudad Juárez en particular, se ha vuelto una misión casi imposible. La comida, ya sea en casa o en un restaurante, se ha disparado de precio: burritos que antes costaban 18 o 20 pesos, hoy se venden entre 38 y 70(¡!).
Todo ello es resultado de los aumentos salariales decretados muy por encima de un crecimiento económico que prácticamente no existe.
Y por si fuera poco, el gobierno de México plantea otro incremento del 12 por ciento en 2026, aun cuando la inflación de 2025 fue de un promedio supuestamente del cinco por ciento, según el Inegi, aunque en el bolsillo se siente más que eso.
Se oye bien en el discurso, pero la realidad es que empresas de todos tamaños están al límite, y los consumidores terminan pagando la factura.
El gobierno aprieta más a la iniciativa privada mientras gasta y reparte más de lo que recauda, empujando al país a un callejón sin salida.
La combinación de endeudamiento creciente, precios elevados y economía estancada no anuncia nada bueno. Si no lo vemos ya, la estanflación está tocando la puerta de México y, en ciudades como Juárez, podría sentirse con fuerza en forma de desempleo, quiebras y mayor precariedad.
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Difícilmente habría tenido más sentido para la mayoría de la población, en la variedad de Gritos que se emitieron anoche, incluyendo el del Zócalo capitalino, el de “Viva la paz y la seguridad”.
Pero no es tan rentable políticamente como el que alude a la soberanía nacional y la independencia, entre otros motivos, porque es un asunto permanente con el que México ha lidiado que México surge como República.
En cambio, el de la paz y la seguridad se puede ver como un problema temporal, aunque desde el sexenio de Calderón para acá pareciera eternizarse.
Resulta que el 15 de septiembre cancelaron sus eventos festivos por lo menos 31 municipios en el país: fueron doce en Chiapas, siete en Nuevo León, seis en Sinaloa, dos en Durango, uno en Chihuahua con masacre de por medio. Por su parte, Michoacán, Guanajuato y Oaxaca cancelaron en uno.
Sinaloa fue la joya de la corona porque fue cancelado en el mero Culiacán, la capital del estado. El gobernador morenista, Rubén Moya, ya había agendado la presentación de Miguel Bosé en el elenco principal, pero un día anterior, en un mensaje televisado, se disculpó con sus ciudadanos. Es probable que la orden viniera desde el centro.
El nueve de septiembre Sinaloa cumplió un año de enfrentamientos entre los “Chapitos” y la “Mayiza” con un resultado sangriento que espanta: mil 824 muertos con más de dos mil desparecidos, el triple que un año antes.
Chihuahua no canta mal las rancheras, se había anticipado que posiblemente se cancelara el grito en Guadalupe y Calvo, Aldama, Madera, Coyame y Ojinaga pero este hecho no se confirmó. Ya veremos hoy. En Gran Morelos fue finalmente suspendido por el homicidio-suicidio y la subsecuente masacre relatada.
Lo cierto es que, en los hechos, la “soberanía” que ha expresado con vehemencia la Presidenta Sheinbaum, ya no alude tanto en el imaginario popular a la intromisión estadunidense en los asuntos mexicanos.
Más bien le concedería a Trump que mucho tiene de razón en que gran parte de México está gobernada por el narco.
De ahí que en realidad exista una falsa disyuntiva entre gritar por la soberanía y la independencia, o hacerlo por la paz y la seguridad, o la justicia.
Se trata de un solo grito, sofocado por la realidad.